Artículos de prensa

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
24/03/2016

Publicado en https://www.elpais.com

El escenario fue un pueblo minero. 17 personas murieron tras recibir disparos a quemarropa, 16 de ellos le dieron un balazo en la cabeza. Los cuerpos fueron ocultados en un lodazal en una zona boscosa. Los familiares encabezaron una protesta para exigir una investigación y la primera reacción del gobernador regional fue decir que se trataba de una maniobra política “de la derecha” que había generado una “masacre virtual”.

Tumeremo, que así se llama el pueblo ubicado en el sureño estado Bolívar, sólo fue noticia durante una semana a inicios de este mes de marzo. Ya luego la sociedad venezolana y el sistema periodístico pasaron a ocuparse de otras cosas. La violencia, incluso en un caso como éste, parece estar metabolizada entre los venezolanos.

De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual Venezuela se coloca entre los dos países más violentos del mundo, junto con El Salvador. Sobre la violencia, como en muchos otros tópicos sensibles para el régimen chavista, no hay información oficial. El OVV es una iniciativa en la que confluyen académicos de diversas universidades y de diferentes regiones y es, en este momento, una referencia para entender el fenómeno de la violencia en Venezuela.

Lo ocurrido a inicios de marzo en Tumeremo simboliza sin duda cómo el poder político y la sociedad en su conjunto procesan casos sin duda dramáticos, que eventualmente en otros países hubiesen generado consecuencias políticas, institucionales o sociales. En Venezuela sencillamente nada de eso pasó. Salvo que una combinación de presión por parte familiares junto a la cobertura de una activa (aunque no tan potente) prensa independiente logró que al menos se identificaran las víctimas y que recibieran la debida sepultura y duelo por parte de sus familias.

El gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, descalificó abiertamente a familiares y diputados de oposición, que en un primer momento denunciaron lo que sin duda fue una masacre. Una semana después, cuando la realidad se impuso sobre el discurso oficial y aparecieron los 17 cuerpos, Rangel Gómez cínicamente dijo que él había denunciado los hechos. El caso no tuvo consecuencia alguna para él.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz esgrimió la tesis de que los muertos habían sido víctimas del enfrentamiento entre bandas. Esta frase usada hasta la saciedad por el poder para explicar los hechos que pueden salpicarle, sencillamente le dice a la sociedad: no tienes por qué preocuparte, ya que los muertos estaban involucrados en algún hecho delictivo.

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, apenas puso un pie Tumeremo adelantó que los responsables eran extranjeros (ecuatoriano, colombiano), lo cual termina siendo otro subterfugio del poder para explicar la violencia que devora al país: los hechos violentos los generan delincuentes importados.

La prensa independiente, en tanto, si bien puso el foco sobre Tumeremo en las primeras de cambio y su papel fue importante en llamar la atención sobre la gravedad de lo ocurrido, luego de dictarse la versión oficial dio por cerrado el asunto. No se detuvo, siquiera, en lo que a todas luces era una tentadora contradicción (para un trabajo periodístico de investigación) ya que por un lado la fiscal dijo que la investigación había concluido, mientras que el defensor insistía en que posiblemente existían otras fosas comunes, y por tanto debía continuar la investigación criminal.


De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes


La violencia en Venezuela se hizo el pan de cada día en esta década y media en la que ha gobernado el chavismo. Aunque debe decirse que el número de homicidios era ya preocupante en 1998, antes de que Hugo Chávez llegase al poder por primera vez. Según el OVV, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 20 (1998) a 38 (2002) en los primeros años del chavismo. El crecimiento ha sido constante aunque se han registrado picos que a cualquier gobierno y sociedad alarmarían: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes dio un salto en el último lustro, al pasar de 57 (2010) a 90 (2015).

En cualquier país esta problemática serían motivo de una cruzada nacional, en Venezuela la violencia parece estar metabolizada, sencillamente asimilada por la sociedad y especialmente interpretada por el poder, a su conveniencia.

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
13/06/2016

Publicado en http://www.elestimulo.com

Debo confesar que no había reparado en el asunto hasta que hace un mes recibí un dramático mensaje de texto. Estando al aire por la señal nacional de Radio Fe y Alegría, en el espacio radial que conduzco cada día, me llegó un mensaje de texto desde Guasdualito, Estado Apure. Correctamente escrito decía: “soy madre de dos niños, no tenemos comida, les doy mango en la mañana y en la noche a mis hijos”.

Remató luego la señora: “y lo que más me preocupa es que no sé qué les voy a dar cuando se acabe la temporada de mangos. Estamos pasando hambre”.  Este mensaje no sólo me conmovió sino que me puso en estado de alerta en relación con el mango en medio de esta crisis alimentaria que padecemos en Venezuela, que afecta sin duda alguna a los más pobres.

Wikipedia viene en mi ayuda: El mango es una fruta de la Zona Intertropical de pulpa carnosa y dulce. El mango crece espontáneamente en la zona intertropical americana. Su época de cosecha presenta un pico o máximo en el mes de mayo.

Luego de aquel mensaje presté más atención. Una calle del oeste de Barquisimeto, por la que he pasado casi a diario en los últimos años, tiene varias matas de mango. Hasta el año pasado era normal ver como se caían y literalmente se pudrían muchos mangos en dicha calle. Este año no he visto mangos en la calle. Esta semana en varios puntos de esa calle sí observé a varias personas con una bolsa recogiendo los mangos que estaban en la calle.

Un amigo que tiene una frondosa mata de mango me cuenta que por primera vez en cuarenta años no regala los mangos, cada dos o tres días personas desconocidas le tocan la puerta y le piden entrada para llevarse los mangos del jardín de su casa. “Por favor señor, no tenemos nada que comer”.

Guardo en la memoria las calles de poblaciones del estado Cojedes como San Carlos o Tinaquillo repletas de mango en el mes de mayo. Este mayo de 2016 no hay un solo mango que quede tirado en la calle. “Hasta se han dado peleas entre personas en la calle cuando están recogiendo los mangos”, me cuenta una periodista de San Carlos.

El modelo chavista fracasó y el derecho a la alimentación es una clara muestra de ello. Hace un par de semanas se presentó el balance anual 2015 del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea): “Las cifras sobre desabastecimiento, escasez, inflación y alto costo de la Canasta Alimentaria Normativa siguen creciendo aceleradamente. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), la variación acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante 2015 fue de 180,9 por ciento, pero para alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315 por ciento”.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria en Venezuela, al cierre del mes de abril de 2016, se ubicó en Bs. 184.906. Eso representó un alza de 718 por ciento en comparación con abril del año 2015. De acuerdo con estos datos del centro que dirige Oscar Meza, al cierre de abril se requerían cerca de 13 salarios mínimos (Bs. 15.051) para poder adquirir la canasta para una familia de cinco miembros.

La imposibilidad de acceder a los alimentos básicos en Venezuela se entiende a cabalidad con el estimado de la Confederación de Industriales (Conindustria): el 65 por ciento de los trabajadores venezolanos gana ingresos equivalentes al salario mínimo.

Y está además el desabastecimiento, la escasez de productos. De acuerdo con un estudio de Datanálisis del mes de abril de 2016, sólo 3,6 por ciento de los encuestados tenía una opinión positiva sobre el abastecimiento de alimentos y en general el acceso a productos de primera necesidad. El Estado dejó de publicar cifras sobre la escasez.

En plena temporada de mangos, y estando esta fruta extendida por el país, muchos venezolanos encontraron en ella un paliativo. Los más pobres sin duda. Yo, al igual que la señora que me envió el SMS al programa de radio, me pregunto: ¿Y de qué forma se paliará el hambre en Venezuela cuando se acabe la temporada de mangos?

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
22/04/2016

Publicado en http://www.elestimulo.com

Con el argumento de que los niños venezolanos podrían dormir media hora más, en 2007 Chávez decretó (en contra de lo que recomendaban académicos y expertos) pasar de 4 a 3 horas y media la hora oficial de Venezuela en relación con el meridiano de Greenwich. La medida implicó trastornos de todo tipo en la vida cotidiana el país y ahora, la semana pasada, el propio Nicolás Maduro admitió que debía cambiarse el huso horario en aras del ahorro energético, en medio de la más aguda crisis eléctrica que ha vivido el país.

Sin embargo, el jefe de Estado no ofreció detalles, tal tarea se la encomendó a Jorge Arreaza, yerno de Chávez y exvicepresidente. Arreaza se cuidó, obviamente, de cuestionar la medida de Chávez, pero en la práctica Venezuela asumirá desde este 1 de mayo el huso horario tradicional del país, con lo cual quedará sin efecto una de las decisiones personales del fallecido comandante. Es la primera vez que tal cosa ocurre de forma abierta y pública.

Los cambios políticos en las sociedades suelen ir acompañados de transformaciones simbólicas, unas tienen mucha resonancia, otras resultan no visibles por el conjunto de la sociedad, pero de profundo impacto en la comunidad en la que tienen lugar. Tras el triunfo electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en diciembre pasado, se abrió en Venezuela un proceso de revisión y desmontaje de lo que representó Hugo Chávez, incluso en las propias filas oficiales.

Otro signo de los cambios simbólicos que están operando en Venezuela ha tenido lugar en la Asamblea Nacional, ahora dominada ampliamente por los diputados de la MUD. En un vídeo polémico, que resultó viral en las redes sociales, el presidente del parlamento Henry Ramos Allup ordenó hace algunas semanas que desmontaran las imágenes de Chávez de edificio legislativo, así como la imagen de Simón Bolívar que había oficializado el mismo Chávez en 2012, en medio de lo que fue su última campaña electoral. Los estudiosos de Bolívar coincidieron, en aquel momento, que esa imagen no se parecía a los cuadros que se pintaron de El Libertador, estando éste con vida, y que él mismo avaló como su imagen.

Maduro, en respuesta a esta acción, ordenó que todas las plazas del país se adornaran de forma permanente con las imágenes que Ramos Allup había sacado de la Asamblea Nacional. La protesta duró escasamente una semana. Defender las imágenes de Chávez y del Bolívar bendecido por el comandante no levantó la efervescencia popular, tal como esperaba Maduro.

Otros cambios están ocurriendo de forma más subterránea, sin resonancia mediática pero con impacto en las comunidades en las que tienen lugar. Mi padre, ahora educador jubilado, me comentó el caso del “aula 1” en el liceo (Bachillerato) público en el cual él trabajó largamente. En medio del frenesí del chavismo, de una década atrás, un grupo de estudiantes tras analizar la historia contemporánea de Venezuela decidieron bautizar el aula número 1 del instituto con el nombre de Rómulo Betancourt.

Los jóvenes reconocían no sólo a quien inició el período democrático como el primer presidente electo que le entregó la banda presidencial a otro jefe de estado electo en las urnas, sino a quien que se considera el principal artífice del modelo político bipartidista que rigió a Venezuela entre 1958 y 1998, antes de la llegada de Chávez al poder.

En aquel 2006, la directora del instituto donde trabajaba mi padre de forma autoritaria impidió que se le colocara el nombre de Betancourt al aula y pretendió colocarle el nombre de Hugo Chávez.

En estos días mi padre me comentó con satisfacción como, hace poco, unos estudiantes (otros, estamos hablando de una década) finalmente colocaron una sencilla cinta y una fotografía de Rómulo Betancourt en el “aula 1” del este liceo público de la provincia venezolana. Ahora nadie se opuso, me comentó.

Son señales de los tiempos que se viven en Venezuela.

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
20/09/2015

Publicado en http://www.elcambur.com.ve/

Hace poco se difundió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de RCTV. Se trata de una decisión histórica en materia de libertad de expresión y por esa razón tendrá repercusiones no sólo en Venezuela sino en todo en el continente.  Desde mi punto de vista constituye la decisión un alegato a favor de la no discriminación por razones de una línea editorial y aboga por medidas transparentes y equitativas en la asignación de las frecuencias de radio y televisión.

Los jueces del tribunal internacional observaron que efectivamente es el Estado quien administra el espectro radioeléctrico, pero al ser un bien de todos los ciudadanos (y no sólo de una parcela política o partidista) las frecuencias de radio y televisión no deben ser usadas para castigar o premiar una determinada línea informativa. En el caso de RCTV fue evidente como el gobierno de Hugo Chávez castigó a esta empresa, a sus directivos y trabajadores, por mantener una línea editorial crítica. Al mismo tiempo que se venció la concesión de RCTV también se vencía la señal del canal Venevisión, pero este medio había optado por moderar su línea informativa. El resultado fue que al medio que sí ejercía la crítica pública (que forma parte de una libertad de expresión plena) se le castigó duramente.

El caso de RCTV envolvió no sólo al poder ejecutivo, aunque de allí vino la medida. No debe olvidarse que el propio presidente Chávez decretó el cese del permiso de transmisión de este canal sin que siquiera se hubiese abierto un proceso administrativo. Una vez que el otrora poderoso jefe de Estado dictó la orden el resto de poderes se plegaron. Los tribunales del país no recibían los alegatos del canal e incluso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que sí se vio obligado a recibir las demandas de RCTV, sencillamente optó por la no respuesta. El TSJ, por ejemplo, sigue sin decidir sobre el estatus de los equipos e instalaciones de transmisión que sencillamente el gobierno arrebató a RCTV, en 2007, para poner al aire a TVES, sin que hubiese un proceso legal de expropiación o indemnización.

Todos esos elementos y otros tantos fueron valorados por los jueces de la Corte Interamericana que dictaminaron de forma unánime en este caso. Las autoridades actuales de Venezuela de inmediato procedieron a pronunciarse: la sentencia es inaplicable, han dicho. No puede reproducirse la forma grosera con la que reaccionó quien preside, por ahora, la Asamblea Nacional.

La sentencia resulta inaplicable en este momento en Venezuela. No por ello perderá vigencia ni importancia. Es inaplicable porque los poderes públicos están al servicio de un grupo de enchufados que se reparten el poder en Venezuela como si fuese su botín personal. La sentencia es inaplicable, por ahora!. El cambio político de envergadura que terminará produciéndose con la votación del próximo 6 de diciembre justamente ayudará al rescate de instituciones, que como la Asamblea Nacional, tienen un papel en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación de la justicia en Venezuela. Desde el parlamento debe velarse, y se tienen las herramientas legales, para que se cumplan la constitución y las leyes.

Precisamente una tarea urgente que deberá discutir el nuevo parlamento, genuinamente demócrata, será el regreso de Venezuela al seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (respetando el espíritu de la constitución de 1999). Una vez que nuestro país se acoja al sistema, será de obligatorio cumplimiento decisiones como esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV. La decisión es inaplicable, por ahora, pero teniendo a la vuelta de la esquina una elección tan significativa como la del 6D, y estando el clima político tan favorable al cambio, no dudo de que RCTV volverá al aire.

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
05/07/2015

Publicado en http://www.elcambur.com.ve/

El ejercicio del periodismo en Venezuela tiene lugar en condiciones precarias ya que se registra una combinación de factores entre los que se incluyen bajas remuneraciones, debilidad gremial, ausencia de planes de perfeccionamiento profesional y desactualización en el equipamiento de los medios de comunicación, junto a prácticas de censura y autocensura y el medio a sanciones oficiales y/o el ataque directo contra comunicadores y medios. Estos son algunos de los resultados más significativos de la primera encuesta nacional sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela, aplicada por la asociación civil Medianálisis, cuyos resultados pueden verse en la web http://medianalisis.org

Se consultaron a un total de 377 periodistas de las ocho principales ciudades del país. Se entrevistaron a profesionales de medios impresos, radiales, televisivos y digitales. La mayoría de los periodistas consultados (63,4%) ejercen como reporteros de calle  y/o redactores.

La situación de fragilidad en la que están los periodistas venezolanos (producto de las precarias remuneraciones, baja agremiación y temor a sanciones/agresiones) es un caldo de cultivo para la incidencia de prácticas de censura y autocensura. El 48% de los periodistas de la muestra afirma que recibe instrucciones significativas para modificar la forma y el contenido de informaciones ya verificadas, mientras que el 49%  dijo haber modificado u omitido información verificada.

La gran mayoría de los periodistas (por encima del 80 por ciento en televisión, impresos y digitales) tienen, al menos formalmente, una dedicación de tiempo completo a su trabajo con el medio. En radio la cifra baja de forma significativa a 56%. No se observaron variaciones importantes entre Caracas y el resto de ciudades. Sin embargo, en una pregunta de contraste, quedó en evidencia que sólo el 39% puede subsistir con lo devengado en el trabajo principal, el resto tiene otras fuentes de ingreso. Un 45% en total de la muestra no cuenta ni con contrato colectivo ni con una póliza de salud privada contratada por el medio. En promedio, los periodistas de Venezuela tienen ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. En los ingresos sí se registra una diferencia importante entre Caracas y el resto del país, estando peor remunerados quienes ejercen en las otras ciudades de Venezuela.

La colegiación ha dejado de ser un requisito para ejercer el periodismo en Venezuela. Se observa una colegiación por debajo del 50% de la muestra. Destaca el hecho en la única categoría que supera este 50% es el grupo de entrevistados residenciados fuera de Caracas.

Equidad de género. Este tema tan en boga por el debate político encuentra dentro de los medios una notable desigualdad. Los hombres casi doblan a las mujeres en el ejercicio de cargos gerenciales o de responsabilidad editorial dentro de los medios en el país. La jefatura es masculina en un 64% de los casos según los entrevistados.

La formación o perfeccionamiento profesional dentro de los medios con cursos, talleres o actividades de capacitación nunca tiene lugar, según el 29% de los entrevistados. Y escasamente en sólo un 15% es permanente. En un 63,19% la asistencia a estas actividades formativas, que sin duda contribuyen a mejorar la calidad del periodismo, sólo ocurre por decisión personal del periodista, sin apoyo del medio en el cual se labora. Un tercio de los consultados en medios impresos y televisión laboran con dificultades debido a la desactualización de los equipos (computadoras y otros).

En un 46,4% los periodistas han percibido cambios en la línea editorial de los medios en los laboran, siendo más acentuada esta tendencia en los impresos. La línea editorial ha generado problemas administrativos para el medio en el 25% de los casos y consecuencias para el periodista en 46%, principalmente porque se le limitan las fuentes. Son los medios impresos los más afectados.

Y, para todos los medios, las limitaciones de acceso a las fuentes oficiales son significativas, según el  70% de los consultados.

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
21/06/2015

Publicado en http://www.elcambur.com.ve/

El tema de la salud de nuestro sistema democrático ha sido abordado, de forma recurrente, en la revista SIC, que edita el Centro Gumilla. Cuando se revisan diferentes años, cambian los matices o énfasis, de acuerdo con el momento histórico, pero hay una línea que perdura en el tiempo. Se trata de la necesidad de que en nuestro país se consolide un modelo políticamente plural, económicamente justo y socialmente incluyente.

 

Hace casi cuatro décadas, en junio de 1978, en la edición 406 de SIC, el editorial de la revista comenzaba con la siguiente frase, a todas luces categórica: “No estamos seguros de que la realización de elecciones sea síntoma de democracia”. Se habían cumplido dos décadas para el modelo político de 1958 y ese año se celebrarían elecciones presidenciales. La realización de comicios periódicos simbolizaba nuestra vida en democracia. Aquello era insuficiente, y además se llamaba la atención sobre la cooptación del Estado venezolano que habían realizado grandes grupos económicos, surgidos a la sombra del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. En esa década se había entronizado el bipartidismo, con dominio de la guanábana de AD y COPEI sobre la vida nacional, y en ese sentido el editorial resaltaba la necesidad de profundizar prácticas democráticas, más allá del voto.

 

Los 30 años del sistema democrático fueron para SIC, en junio de 1988, motivo de agudos análisis. Era tiempo suficiente para un balance de lo obtenido, y aún se estaba a tiempo para las rectificaciones. En un extenso trabajo de Arturo Sosa, para aquella edición de la revista, se insistía en esta caracterización de la coyuntura venezolana: se asistía al final del ciclo populista-rentista, y se proponía una reorientación, que implicaba una profundización democrática. Entre otros factores, se colocaba en discusión el rol sempiterno de una dirigencia partidista negada a los cambios y a su propia sustitución, el modelo demagógico-populista como única respuesta ante la crisis que se cocinaba al interior de nuestra sociedad en aquellos años. El artículo volvía sobre una reiterada sugerencia, por parte de la publicación en aquella década: la necesidad de ampliar y hacer efectivos los mecanismos para la participación popular en la toma de decisiones, especialmente en materia social. Alertaba SIC que después de un populismo fracasado en Venezuela, y sin válvulas democráticas, podría sobrevenir el autoritarismo.
Más cerca en el tiempo, pero igual de preocupantes para la salud democrática de Venezuela, eran los arreglos electorales, de cara a los comicios en los que finalmente terminaría imponiéndose Hugo Chávez. En una directa reflexión de José Virtuoso, en la edición 605 de SIC, correspondiente a junio de 1998, se criticaba a los dos principales partidos, AD y COPEI, que en teoría habían cambiado, pero se trató sólo de cosmética. Eso resultaba particularmente grave, la situación requería reinventarse, especialmente estos dos partidos, como canales de acción política para poder responder a una sociedad en crisis. La historia evidencia la improvisación y desconexión con el sentir popular. COPEI apoyó primero a Irene Sáez y luego le retiró el apoyo, Luis Alfaro Ucero usó su control de la maquinaria para imponerse como abanderado de AD. Todo parecía reducirse a un asunto de estrategia electoral, cuando en realidad estaban otras cosas en juego. Cuando se acercaron las elecciones y el triunfo de Chávez se hacía inminente, los dos partidos en una suerte de voltereta desesperada, terminarían apoyando a Henrique Salas Romer. El resto de la historia es harto conocida.

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
14/06/2015

Publicado en http://www.elcambur.com.ve/

“Estamos frente al agotamiento de un proceso de acumulación que se apoyó en la percepción de un creciente plusvalor internacional y que permitió niveles de consumo y de inversión muy por encima de los que los propios factores productivos internos estaban en capacidad de generar”. Esta cita, que perfectamente podría vincularse a la dinámica económica de 2015, corresponde a un trabajo publicado por Víctor Álvarez que encontramos en la edición de marzo de 1989 de la revista SIC, que edita el Centro Gumilla: “El ocaso de la Venezuela rentista. Nueva estrategia de desarrollo”.  El país atravesaba, al igual que hoy, una crisis económica relacionada con el modelo de explotación de la renta petrolera: la época de las vacas gordas se había destinado al consumo e importaciones, y en medio de una caída de los precios internacionales del petróleo (la época de las vacas flacas) ni el Estado ni la sociedad estaban preparados.

Justamente, hace 26 años, como lo hace hoy en sus artículos, Álvarez planteaba como tareas prioritarias diversificar la economía, estimular el crecimiento y desarrollar el país bajo un proceso autosostenido que genere divisas por la actividad del sector no petrolero. El desafío de entonces, y lo sigue siendo ahora, pasaba por alcanzar una dinámica económica que hiciera al país menos vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo, junto a políticas de desarrollo industrial en diversas áreas que atendieran el mercado interno y que generaran capacidad de exportación, para igualmente romper con la excesiva dependencia de las exportaciones de crudo que exhibía Venezuela (y que sigue exhibiendo hoy).

En ese artículo de 1989, que puede consultarse en la sección de documentación del sitio web http://gumilla.org Álvarez analizaba las tendencias del mercado petrolero internacional. Se había vivido en la segunda parte de la década de los años 80 un auge petrolero, que impulsó de forma importante los precios. La dinámica económica internacional sufrió un nuevo período de reajuste, lo cual colocó al petróleo en baja y con perspectivas, en ese momento, de tasas muy moderadas de incremento; todo esto junto a una expansión de la producción de crudo en un contexto de la pérdida relativa de importancia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Avizoraba Álvarez, y en ello coincidía con la percepción mayoritaria de expertos de ese momento, que el petróleo no tendría un nuevo auge en sus precios. Resultaba inimaginable, entonces, proyectar precios del barril del petróleo por encima de los 100 dólares.

En ese mismo número de SIC, correspondiente a marzo de 1989, Eduardo Ortiz justamente planteaba varios escenarios a partir de los precios del petróleo en un artículo que tuvo por título “Perspectivas económicas del próximo quinquenio”. En ese texto el autor manejaba un escenario de precio alto del petróleo entre 15 y 20 dólares el barril, a lo largo del quinquenio 1989-1994. Debe recordarse que recién había comenzado el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y era un ejercicio razonable plantear escenarios de cinco años, ya que los gobiernos se limitaban a ese lapso.

Finalmente, esos precios bajos del crudo (si se les compara con los niveles alcanzados en el boom del período 2005-2012) no eran sinónimo de una economía sana o mejor manejada. El gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), por ejemplo, tuvo una inflación acumulada de 251 por ciento y se proyectaba para 1989-1994 un aumento de precios por el orden del 700 por ciento “en el escenario optimista”. El control de la inflación, así como la consolidación de un aparato productivo nacional diversificado, siguen siendo tareas pendientes en la Venezuela de hoy.

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
27/10/2013

Publicado en Tal Cual 

Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13 inciso 2 literal b) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19 inciso 3 literal b), señalan que las restricciones a la libertad de expresión pueden establecerse con el objetivo de proteger la seguridad nacional. A fin de lograr este objetivo, por lo general las normas legales prohíben revelar o hacer accesible al público en general, información secreta que pueda poner en peligro la seguridad nacional. De acuerdo con el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, esta restricción debe aplicarse “únicamente en los casos más graves, cuando exista una amenaza política o militar directa contra todo el país”.

En primer lugar está el carácter legal de la restricción, es decir la circunstancia de que esa restricción tiene que estar específicamente señalada por la ley (subrayado nuestro). En segundo lugar, la identificación de cuáles son los propósitos que hacen legítima esa restricción; esto es, la protección de los derechos de otros o la reputación de las personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral pública. Y un tercer elemento, tiene que ver con la necesidad de la restricción en una sociedad democrática (subrayado nuestro).

Por ejemplo, el artículo 10 de la Convención Europea, al referirse a la legitimidad de los propósitos señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, éste derecho comprende la libertad de opinión, de recibir o de comunicar informaciones o ideas …” Pero lo más importante que dice, es que sean necesarias en una sociedad democrática, es decir no basta con que la restricción que se va a imponer por el legislador sea una que está prevista por la ley, y que sea al mismo tiempo legítima de acuerdo a los propósitos que se persiguen, si no es necesaria en una sociedad democrática, en consecuencia, este es un tercer elemento que resulta vital en el análisis y en el tratamiento de este tipo de restricción.

            Por otra parte la Declaración de Johannesburgo de Principios de la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, en su artículo 6 prevé la posibilidad de restricciones y/o sanciones en la medida en que se compruebe que una expresión intenta incitar inminentemente a la violencia (resaltado nuestro).

            Seguridad nacional. Estamos ante un término que puede ser vago e impreciso, que puede terminar “significando lo que los gobernantes quieren que signifique”. Si bien no han existido a la fecha pronunciamientos, por ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el alcance de la defensa de la seguridad nacional en contraposición con el ejercicio de la libertad de expresión, muchos autores calificados coinciden en la necesidad de una interpretación muy estricta y precisa para impedir la aplicación arbitraria de medidas que terminen restringiendo la libre circulación de informaciones.

            Tradicionalmente se ha vinculado la restricción de la libre circulación de informaciones, con la excusa de salvaguardar la seguridad nacional, en los casos de publicaciones calificadas de subversivas o sediciosas, asumiendo que su finalidad es promover una rebelión contra las autoridades del Estado. Sin embargo, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de los Estados Unidos, incluso la invocación de una rebelión, en forma abstracta, goza de protección, no así quien haga uso de la violencia para intentar derrocar al gobierno. En general, se asume como una restricción legítima, en aras de preservar la seguridad nacional, suprimir aquella información que pueda poner en peligro la integridad de la nación en tiempos de guerra o ante la inminencia de un conflicto bélico. Es importante resaltar la inminencia del acontecimiento así como la gravedad del mismo, para que pueda justificarse la restricción a la circulación de la información o la libre expresión.

            Entretanto, tal como lo apunta Héctor Faundez, a partir de decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos, “la noción de orden público se ha interpretado teniendo en cuenta la necesidad de preservar el pluralismo y los valores de una sociedad democrática”. Esto está estrechamente vinculado a la idea de que es un libre flujo de ideas y posturas políticas lo que alimenta la democracia, y en un marco de polarización “el papel de las autoridades no es remover las causas de la tensión eliminando el pluralismo, sino garantizar que cada uno de esos grupos actúen de manera tolerante con los demás”. Todo esto tiene un correlato en relación con la seguridad nacional, la información y el papel del Estado. La creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, coloca sobre el tapete este tema. La sociedad democrática de Venezuela no puede soslayarlo.

 

Twitter @infocracia

 

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
01/12/2013

Publicado en Tal Cual

Vuelvo sobre uno de los venezolanos cuya vida es clave para entender el siglo XX en nuestro país, y la reciente publicación de un libro permite resaltarlo. Me devoré en poco tiempo el libro “El enigma SAC” de María Teresa Romero, que fue editado este año por editorial Alfa. El acrónimo al que apela María Teresa fue la forma en la que muchas personas conocimos a Simón Alberto Consalvi, fallecido en marzo de este año tras una fructífera vida que tuvo diversas facetas como periodista, intelectual, diplomático y político.

El principal logro de esta muy documentada y acuciosa biografía tal vez resida en eso, en presentar las múltiples caras de este hombre, uno de los intelectuales públicos más importantes del siglo XX venezolano, con influencia sin duda también en este primer tramo del siglo XXI, como lo demostró con sus capacidades para analizar, escribir y gerenciar proyectos culturales y editoriales, que puso en práctica literalmente hasta el momento de su muerte.

María Teresa logra describir desde el inicio la imagen enigmática que para muchos representó SAC. Sin duda se trató de una persona avocada a la defensa de la democracia y a la promoción cultural, lo que le llevó a ocupar muy altos cargos oficiales, diplomáticos y periodísticos, con lo cual tuvo una faceta pública notable. Pero al mismo tiempo guardó con cierto celo su vida personal, de la cual tenemos detalles hasta ahora desconocidos justamente gracias a esta biografía.

Ya el periodista Ramón Hernández en la larga conversación que tuvo con Consalvi, titulada “Contra el olvido” (igualmente editada por Alfa en 2011) retrató el pensamiento y la visión del país que había cimentado SAC en sus largas décadas de protagonista de primera fila de la vida nacional. Aquel recuento en el cual se funden la participación de Consalvi en importantes acontecimientos del siglo pasado, con su lectura macerada por el paso de los años al momento de conversar con Hernández, encuentra en esta nueva publicación de Romero el necesario complemento para conocer a fondo al personaje.

En estas páginas de reciente edición no sólo logramos conocer la historia personal, humana, detrás de la figura pública, sino y lo considero lo más importante, lo que fue la notable frustración de Consalvi con la erosión progresiva que vivió el modelo democrático, de conciliación de élites, que arrancó en 1958.

Si bien SAC fue reservado en relación con su vida privada, al tiempo que ejerció durante casi toda su vida adulta diferentes roles que lo mantuvieron en la escena pública nacional e internacional, fue guardando de forma minuciosa en su archivo personal una cantidad de anécdotas, apuntes, comentarios que vertieron sobre él, notas sobre sucesos familiares, etcétera, que fueron precisamente la base en la que se apoyó María Teresa para reconstruir la imagen de este hombre, que generoso como pocos en las posiciones de poder que ocupó, al mismo tiempo que no hizo alarde sobre las oportunidades que a muchos nos brindó en los proyectos y cargos que tuvo a su cargo.

Envuelto en el humo del inseparable tabaco o escudado en la formulación de preguntas con lo cual ejercía de paciente escucha, Consalvi hablaba poco de sí mismo, al menos esa fue mi propia vivencia desde que comencé a tratarle en persona, en un momento en el cual –además- me brindó un respaldo en relación a mi papel como articulista de prensa. Se trataba de un papel que ya él –por cierto- había ejercido desde muy joven y que mantuvo siempre, incluso con seudónimos cuando sus posiciones políticas o diplomáticas más bien le recomendaban silencio y mesura.

Hace poco leí un comentario de Edgardo Mondolfi sobre esta biografía de SAC, en las páginas de El Nacional. Me sorprendió su confesión de que pese a la larga amistad que mantuvo con Consalvi, en realidad leyendo el texto de Romero fue que pudo conocer ciertos detalles de la vida de Simón Alberto. Esto no sólo habla bien del libro de María Teresa, sino que precisamente termina de retratar al biografiado, a este SAC, en clave de enigma.

 

Twitter: @Infocracia

Por
Andrés Cañizalez
Fecha
25/05/2013

Diario Tal Cual 

Publicado el 25/05/13

John Thompson es un sociólogo británico que además de reflexionar ampliamente sobre el papel de los medios en la modernidad, tal vez su aporte más conocido, ha producido igualmente importantes reflexiones en relación a las implicaciones del escándalo político y su correlato en materia de medios y opinión pública. La reciente difusión de un audio del inefable Mario Silva, su abrupta defenestración como conductor de “La Hojilla”, y los impactantes contenidos de dicha grabación, son elementos que ubican a este caso claramente en la categoría de un escándalo político.

Para Thompson, los escándalos políticos han pasado a ser parte del paisaje contemporáneo. Pese a la característica de fenómeno “único” de cada escándalo, a la diversidad y complejidad de enmarcar a estos hechos, este autor se plantea una tipología a partir de sus consecuencias. De tal forma, para Thompson, existen cuatro teorías sobre el escándalo.

Una primera teoría ubica a los escándalos como acontecimientos efímeros, en gran medida generados por los medios.  Para esta tesis, los escándalos carecen de consecuencias para la vida social y política. La debilidad de esta teoría es que soslaya la importancia del capital simbólico, de la credibilidad, en las sociedades modernas. Desde mi punto de vista este asunto resulta crucial y tiene un peso importante en la acción política actual. En Venezuela, con muchísima frecuencia, se destapan hechos escandalosos como asuntos meramente mediáticos. Las denuncias del magistrado Aponte, que pusieron en evidencian lo podrido de nuestro sistema de administración de justicia, responden a esa lógica de ausencia de consecuencias.

Desde una segunda perspectiva, se entiende que los escándalos políticos tienen una consecuencia “conservadora”. De acuerdo con esta teoría de Thompson, los escándalos producen una reafirmación y consolidación del statu quo. Tienen un fin meramente catártico, sin consecuencias en el sistema político. Para el autor, esta es una teoría “funcionalista” del escándalo. Tiene tintes religiosos, por el estado de absolución que podría generar un escándalo. En mi opinión, esto podría ser lo que se observa, como primeras reacciones al audio de Mario Silva: el principal señalado, Diosdado Cabello, se ha atornillado en su posición de poder, la lógica de conservación de poder se impuso y frena –aparentemente- las consecuencias de un escándalo de envergadura.

La tercera forma de ver al escándalo destaca el impacto potencialmente destructivo que puede tener éste para el debate público. Para esta teoría de Thompson, la obsesión de los medios con el escándalo tiende a socavar la calidad del discurso y debate políticos, pues centra la atención en los asuntos triviales, y excluye los asuntos de envergadura para la vida social. Se trata de una mirada crítica con el “sensacionalismo” que le han impreso los medios a la dinámica política actual. Asunto del cual no nos escapamos en el país, en una lógica por cierto muy promovida desde el chavismo en el poder, con recurrentes cortinas de humo (escándalos de pequeña magnitud) para desviar la atención de la opinión pública de asuntos realmente medulares.

La cuarta teoría, sobre las consecuencias del escándalo que plantea Thompson, resalta el rol positivo del escándalo, pues considera que de esa forma se enrriquece el debate público. Es una teoría del escándalo como “subversión”, y apunta a desnudar los privilegios que pueden devenir del ejercicio del poder. El autor le cuestiona el poder que se le da a la prensa, especialmente aquella sensacionalista que se dedica exclusivamente a explotar escándalos.

Lo dicho por Thompson en relación al papel de la prensa, especialmente británica, antecede al propio escándalo que envolvió al magnate Rupert Murdoch por el uso de escuchas ilegales en su periódico  “News of the World”, que ostenta el récord de tirada en Gran Bretaña, pero aun así debió cerrarlo.

Finalmente, Thompson define a los escándalos políticos como luchas por la obtención del poder simbólico en las que están en juego la reputación y la confianza, y por esta condición obviamente moldean la relación entre ciudadanos y políticos. Para Thompson, los escándalos no lo son todo en la vida política contemporánea, pero tienen un peso significativo en ésta cuando llegan a producirse con alto impacto.

No lo dice Thompson de forma tácita, pero los impactos políticos de los escándalos pueden verse tanto de inmediato como en el corto y mediano plazo. La pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos en los actores políticos no siempre se manifiesta de forma automática tras un escándalo; pero un affaire negativo –y sin duda lo dicho por Mario Silva lo es- puede desencadenar cambios en las percepciones de los seguidores del chavismo, que a su vez alimenten una visión crítica sobre la conducción del país. Esto, sin embargo, desde mi punto de vista, está por verse. Es decir, a escasos días del escándalo con Mario Silva, aún es difícil saber las implicaciones políticas que tendrá. Por lo pronto hubo una ganancia para los venezolanos demócratas, salió del aire una de las peores expresiones de intolerancia, discriminación y difamación… La Hojilla.

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